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Presentamos un artículo del Dr. Rodrigo Sandoval Almazán sobre la necesidad de ampliar el Gobierno abierto al ámbito de la justicia. Profesor Investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Universidad Autónoma del Estado de México. rsandovala@uaemex.mx, twitter: @horus72.

Desde el año 2014 México es el líder de la Alianza para el Gobierno Abierto, próximamente se realizará la reunión anual donde los países miembros demostrarán sus logros y retos en materia de abrir el gobierno. Sin embargo, esta nueva tendencia en la administración pública pareciera abarcar solamente a las instancias del poder ejecutivo.
Recientemente esta idea de abrir el gobierno se ha ampliado hacia abrir la justicia.

El movimiento del “Open Justice” no solo busca “abrir” los datos de las dependencias judiciales al público en general, sino introducir las tecnologías de información y comunicación en los juzgados de una forma más completa integral.

En el Estado de México ya existe gran experiencia en este sentido al introducirse los juicios orales tanto en el ámbito civil y penal. Los sistemas de videograbación, el intercambio de información y de registros entre los distintos juzgados estatales, así como el sistema en línea para consultar acuerdos y dar seguimiento a los expedientes son algunos ejemplos de la adopción tecnológica en el poder judicial.

Sin embargo, los cambios más importantes están por venir. La idea de justicia abierta implica el establecimiento de un sistema de información sobre justicia abierta que permita conocer – con las limitaciones legales del caso – mucho más a fondo la actuación de jueces y magistrados, abogados y peritos para hacer más transparentes tanto el uso de los fondos públicos como aumentar su eficiencia y disminuir irregularidades utilizando sistemas de cómputo que permitan llevar un control de los procedimientos y expedientes en forma digital para reducir el papeleo, evitar las pérdidas y reducir los tiempos.

Sin duda, implementar un poder judicial abierto representa un gran reto por la transformación de una estructura anquilosada y con viejas prácticas. Pero el reto es mayor cuando requiere de cambios legales drásticos para que ello ocurra en el menor tiempo posible. Estas modificaciones legales permitirán establecer el resguardo digital, la firma digital y las pruebas usando medios electrónicos además de que garanticen el resguardo de los datos personales y la privacidad de las personas en todo momento, requiere de un gran conocimiento técnico y jurídico que valore los alcances de un reforma legal de dicha trascendencia.

Pero sobre todo es preciso remontar las viejas prácticas del ámbito judicial como: la corrupción y el tráfico de influencias, que son los principales obstáculos para impulsar la justicia abierta. Dado que la tecnología de información y comunicación impactan en estas malas prácticas y sometería a una rendición de cuentas inmediatas a los juzgadores, litigantes y peritos al introducir datos, documentos, alegatos, pruebas, sentencias y edictos entre muchos otros documentos en bases de datos digitalizadas y sistemas de cómputo inteligentes que tendrían el sólo propósito de cumplir las leyes y los artículos que de estas emanen.

Por ello es que la reforma para alcanzar la justicia abierta debe realizarse por etapas. Será un proceso de ajuste que llevará tiempo y que no será suficiente la compra de hardware – cámaras de video, audios digitales, portales web – para garantizar la apertura de los datos y procesos, es preciso institucionalizar el sistema de justicia digital para que dichos procesos ocurran de una manera más fluida, veloz y con menores errores.

No se trata de sustituir la experiencia y juicio de los abogados, jueces, magistrados, peritos y notificadores por máquinas, ya que éstas no pueden interpretar el espíritu de las leyes ni velar por garantizar los derechos humanos y las garantías constitucionales de los ciudadanos. Sino de dotar al aparato judicial de herramientas que permitan verificar la validez de poderes notariales, el valor de un peritaje, identificar fraudes, errores tipográficos e incluso proveer de apoyo a jueces y abogados al notificar de los cambios legales que ocurren en las leyes secundarias o reglamentarias de forma inmediata al presentar cualquier escrito.

Finalmente, sobra decir que la justicia abierta forma parte de una tendencia mundial en la administración pública como lo es el gobierno abierto. Como resultado del reciente impulso tecnológico y de la sociedad de la información y el conocimiento no es posible detener o evitar que esta tendencia llegue finalmente a los juzgados. Sin embargo, resulta importante comenzar a reflexionar acerca de su impacto, limitaciones, e implicaciones tanto en los procedimientos legales como en los propios cambios legales que implicará una reforma administrativa de esta dimensión para el sistema judicial nacional y local. Enhorabuena por quienes ya comienzan a pensar en la justicia abierta en México.

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