Todos los lunes publicación de artículos de nuestros colaboradores, académicos y funcionarios públicos, que compartirán sus opiniones y visión sobre diferentes temas relacionados con las políticas gubernamentales.

Atracción de Inversión, trabajo de los Estados: Programa Anual de Incentivos – Lic. Nadia Sánchez Villegas

incentivos

La Inversión Extranjera Directa (IED), es un motor fundamental para el desarrollo de los países, ya que genera empleo, incrementa ahorro, capta divisas, estimula la competencia, incentiva la transferencia de nuevas tecnologías, eleva la productividad e impulsa las exportaciones, generando así un circulo virtuoso para el desarrollo económico.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sus beneficios no se generan de manera automática ni homogénea en los distintos países, sectores y comunidades locales. Las políticas nacionales y la estructura de las inversiones internacionales son determinantes para que la IED llegue a un número cada vez mayor de países en vías de desarrollo y para que se transformen efectivamente en desarrollo.
Derivado de lo anterior, podemos decir que los países que buscan seguir recibiendo estas inversiones, deben de establecer políticas que generen un clima adecuado en donde se desarrollen las mismas, deben hacer un ejercicio exhaustivo para identificar las ventajas comparativas y generar las ventajas competitivas.
El Gobierno del Estado de México esta consiente de esta hecho y va más allá, señalando que la atracción de inversión en la actualidad ha dejado de ser un tema exclusivo de países, ha cobrado tal importancia que las entidades han empezado a replicar el ejercicio. La administración actual realiza grandes esfuerzos por contribuir y facilitar la atracción de inversión productiva, identificando y promoviendo sus ventajas comparativas y se ha concentrado en generar atractivas ventajas competitivas, el resultado de este trabajo es el Programa Anual de Incentivos (PAI).
El PAI es el conjunto de incentivos fiscales y no fiscales, que comprenden los proyectos, programas, obras y acciones que desarrolla el Gobierno del Estado de México para impulsar el desarrollo económico y la competitividad estatal.
Son 16 dependencias del gobierno, las cuales generan año con año propuestas de obras y acciones susceptibles a desarrollar proyectos productivos. Estas son estudiadas y validadas por el Consejo Estatal de Fomento Económico y Competitividad quien las envía al Gobernador Constitucional del Estado de México, para su eventual incorporación al proyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio respectivo.
Los incentivos de este programa son evaluados periódicamente por la Universidad Autónoma del Estado de México, considerando sus observaciones y sugerencias, para actualizar anualmente el PAI, realizando así, importantes mejoras.
Para el 2015, se definieron 32 incentivos fiscales y no fiscales, participando nueve dependencias: las Secretarías de Desarrollo Agropecuario, Desarrollo Económico, Educación, Finanzas, Medio Ambiente, Salud, Seguridad Ciudadana, Trabajo y Turismo, presentando programas, obras y/o acciones atractivas para la inversión. Destacando incentivos de excepción de impuestos (nómina), estímulos a la investigación, modelos de educación, capacitación, entre otros.
El Estado de México, cuenta con importantes ventajas naturales, como su envidiable ubicación geográfica que atraen por si sola a la inversión, sin embargo para este gobierno no es suficiente, a través del PAI, reitera su compromiso, generando herramientas que permitan el desarrollo económico en la entidad y del país: programas, obras y acciones que son atractivos a inversionistas potenciales nacionales y extranjeros.

Nadia Sánchez Villegas es Directora de Planeación e Incentivos de la Secretaría de Desarrollo Económico Gobierno del Estado de México sobre el Programa Anual de Incentivos.


Políticas de Acceso Abierto en México y el Mundo – Mtra. Ivonne Lujano Vilchis

Diversas iniciativas académicas y políticas en el mundo avanzan en la diseminación del conocimiento que se produce en las instituciones universitarias y centros de investigación. Los movimientos de Acceso Abierto (AA) (Open Access), Educación Abierta (Open Education) y Datos Abiertos (Open Data) cuentan hoy en día con miles de adeptos en muchas partes del mundo y adelantan resultados contundentes en la divulgación y acceso al conocimiento científico.

La gran paradoja que ha despertado desde hace más de una década estas iniciativas es que muchas veces las investigaciones han sido financiadas con recursos públicos, sin embargo no se puede acceder a los productos de éstas, llámense libros, revistas, artículos, o bien los datos recolectados. Esta paradoja se agrava cuando consultamos los costos para acceder a esta información, que se eleva según el área del conocimiento. Hay revistas que son muy rentables, y editoriales que tienen prácticas de negocio predatorias. Por ejemplo, el costo de acceso a una revista de medicina de la editorial Elsevier va de los $35 USD por artículo, a los $2,000 de suscripción anual a la revista completa. Estamos hablando de una industria de la publicación científica que se beneficia de los precios que establece, afectando a las instituciones que no pueden pagar por el conocimiento, las cuales se multiplican en el caso de las regiones y países en desarrollo. Recientemente, se mostró que esta industria es en realidad un oligopolio conformado por las editoriales Elsevier, Wiley-Blackwell, Springer, y Taylor & Francis pues entre estas cuatro empresas cuentan con más del 50% de los artículos publicados en 2013 en áreas de ciencias naturales y médicas, y ciencias sociales (Larivière, Haustein y Mongeon, 2015). Factor determinante para este modelo de negocio: la digitalización de la información científica y las posibilidades de diseminación que brindan las tecnologías de la comunicación.

Universidades e instituciones científicas a lo largo del mundo han protestado por estas prácticas que dificultan el acceso al conocimiento, particularmente por las nuevas políticas de la editorial Elsevier que restringen el uso del conocimiento científico. Así como esta, en el marco del movimiento de AA se han sumado numerosas iniciativas para contrarrestar los impedimentos para leer, distribuir, y utilizar las investigaciones académicas en beneficio de la humanidad. Una de las organizaciones más proactivas en este sentido es la Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC) que reúne representantes de bibliotecas académicas en una alianza internacional para promover un sistema más abierto de comunicación científica. Recientemente, en un evento de SPARC celebrado en Washington D.C. se dieron a conocer numerosos proyectos de impulsan el AA en distintas partes del mundo. Lo más interesante es que son los jóvenes universitarios quienes muestran un interés y compromiso por los beneficios que trae consigo este movimiento.

Dichas iniciativas contemplan desde plataformas digitales que ofrecen el conocimiento sin restricciones, como el caso del proyecto Paperity, hasta acciones concretas en materia de políticas públicas que están impulsando el Acceso Abierto. En este escenario destaca el caso mexicano, pues desde mayo de 2014 las reformas a las leyes de Ciencia y Tecnología, de Educación y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología establecen el Acceso Abierto a la información científica y tecnológica generada con fondos públicos (DOF, 2014). Estas reformas implican grandes retos para las universidades y agencias de financiamiento científico. Como plantea Rogel (2015) algunos de estos retos para las instituciones de educación superior tienen que ver con “informar y capacitar a los académicos sobre la búsqueda de materiales, crear las tecnologías de interoperabilidad necesarias, desarrollar los materiales de difusión adecuados; construir, supervisar y dar seguimiento a los repositorios institucionales; investigar y documentar las buenas prácticas.” (Rogel, 2015).

En este sentido, las políticas tanto nacionales como de las propias instituciones para seguir impulsando el AA requieren de un diseño orientado a elevar la calidad de los materiales producidos por las comunidades académicas, a reunir y organizar la información de manera adecuada y difundirla por plataformas digitales que garanticen una comunicación abierta, basada en las tecnologías de información. Los pasos dados hasta el momento han sido firmes y los resultados que se perciben en el país dan cuenta de que la comunidad académica en general valora los beneficios del Acceso Abierto. El siguiente paso será darle seguimiento a estas políticas y mejorar las prácticas no sólo de consumo, sino también de producción de conocimiento científico relevante, pertinente y de calidad.

Referencias

COAR (Confederation of Open Access Repositories) Statement against Elsevier’s sharing policy, [Consultada: 10 de julio de 2015] Disponible en Internet:https://www.coar-repositories.org/activities/advocacy-leadership/petition-against-elseviers-sharing-policy/

DOF (Diario Oficial de la Federación), Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, de la Ley General de Educación y de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, México, 2014 [en línea]: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5345503&fecha=20/05/2014 [Consulta: 10 de julio de 2015].

Larivière V, Haustein S, Mongeon P (2015) The Oligopoly of Academic Publishers in the Digital Era. PLoS ONE 10(6): e0127502. doi:10.1371/journal.pone.0127502

ROGEL Salazar, Rosario “Acceso Abierto, información científica disponible en línea sin barreras ” Revista Digital Universitaria [en línea]. 1 de marzo de 2015, Vol. 16, No.3 [Consultada: 10 de julio de 2015]. Disponible en Internet:http://www.revista.unam.mx/vol.16/num3/art19/index.html ISSN: 1607-6079.

SPARC “About us”, The Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition: [Consultada: 10 de julio de 2015] Disponible en Internet:http://sparc.arl.org/about#sthash.Px7eXXlH.dpuf

La autora es licenciada en Educación por la Universidad Autónoma del Estado de México y Maestra en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Argentina. Es profesora en la Universidad Autónoma del Estado de México y el Instituto Tecnológico de Toluca, y activista por el Acceso Abierto desde 2011.


Administración y redes de Política Pública – Dr. Avimael Vázquez

Reconocer que el gobierno se vuelve acción con efectos en la sociedad por su organización y proceso administrativo es pensar a la administración pública como la actividad organizada del Estado y que éste deje de ser percibido como una abstracción inanimada y se concretice como organización, pero no como una organización monolítica, racional y eficaz en el proceso de las decisiones públicas (Modelo I de Allison).

Más que ser un actor racional y con todas sus partes engrandas, el gobierno es un conjunto de actores diferenciados y flojamente acoplados siendo la acción gubernamental, los desenlaces y resultados políticos que derivan de compromisos, coaliciones y negociaciones de las partes que lo conforman.

Esta manera de pensar al gobierno pareciera develar varias interrogantes sobre su funcionamiento y del por qué muchas de sus políticas caen por debajo de sus expectativas (Arellano, Cabrero y del Castillo, 2000). Pero a la luz de las nuevas condiciones de diferenciación, complejidad, autonomía y exigencia social, los problemas sociales definidos en otrora como públicos y resueltos por las vías del control jerárquico y centralizado del gobierno o por generación espontánea y equilibrios del mercado, ahora exigen nuevas formas de tratamiento y administración.

En efecto, los ciudadanos que se resisten a definir todos sus problemas como públicos y que el gobierno intervenga en todos ellos, reclaman un gobierno orientado hacia la participación, descentralización y cooperación, con algunas propuestas orientadas hacia la autogestoría de las demandas y de los programas (Aguilar, 2006), compeliendo al gobierno a tirar al lastre su autoreferencia y relacionarse cada vez más con los ciudadanos y sus organizaciones; esto desdibujando en muchas ocasiones -por una parte- su posición de autoridad central y enfatizándose –por la otra– la creciente coordinación e interdependencia entre diversas organizaciones gubernamentales y entre éstas con otras no gubernamentales.

Las aproximaciones teóricas o metáforas propuestas para identificar este funcionar del gobierno, participar de la ciudadanía y rearticulaciones entre ambos, se le identifican como gobierno en red o redes de políticas.

Por lo que no es demasiado extraño que, con cierta lejanía a las primeras contribuciones de los años 80´s, actualmente los estudios especializados en administración pública paulatinamente redunden referencias que hagan mención a la noción de redes, dejando claro que “las organizaciones gubernamentales requieren coordinación no sólo interna (por ejemplo interdepartamental), sino también externa (con otras organizaciones públicas y privadas), para conseguir un conjunto de objetivos que exigen negociaciones bilaterales y multilaterales” (del Castillo, 2000: 362).

Pensar que la política y las políticas se hacen mediante la negociación, acuerdos de agencias públicas y privadas diferenciadas, implica considerar la idea de “las redes como elemento definitorio del proceso en que, de hecho, se inscriben la elaboración e instrumentación de las acciones de gobierno” (del Castillo, 2000: 362), y valorar la hipótesis que subyace en el enfoque de redes de políticas que señala que muy pocos problemas sociales pueden ser atendidos por una organización u organizaciones gubernamentales aisladas dado que tanto en el diseño como en la implementación de cualquier política pública, los involucrados en el proceso se ven insertos en ciertos conglomerados organizacionales donde las organizaciones gubernamentales y privadas se presentan.

Referencias
Aguilar, V.L.F. (2006), Gobernanza y gestión pública, México: Fondo de Cultura Económica.
Arellano, D.; E. Cabrero y A. Del Castillo (200) (coords.), Reformando al gobierno. Una visión organizacional del cambio gubernamental, México: CIDE/Porrúa.
Del Castillo, A. (2000), “Problemas en la acción gubernamental: organizaciones y redes de actores”, en Arellano, D.; E. Cabrero y A. Del Castillo (coords.), Reformando al gobierno. Una visión organizacional del cambio gubernamental, México: CIDE/Porrúa.

El Dr. Avimael Vázquez es Doctor en Ciencias Sociales y Políticas y actualmente se desempeña como profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México.


La evaluación de la Política Gubernamental y el COPLADEM – Integrantes del COPLADEM

La pérdida de credibilidad que enfrenta el sector público en todos los órdenes de gobierno como gestor del bienestar ciudadano y que se experimenta de manera incremental en recientes años, obliga a que las instituciones públicas actúen aplicando principios de eficiencia y eficacia que en el marco de los principios de la Nueva Gestión Pública.

En ello, las administraciones se ven envueltas en procesos de regeneración, de cambios bajo nuevos patrones de actuación y comportamiento, comunes internacionalmente, y que llevan a una nueva filosofía de trabajo que intenta legitimar la acción gubernamental. Algunos autores coinciden en que lo que no se mide no se puede evaluar, y lo que no se evalúa no puede ser mejorado; aquí radica la importancia del monitoreo y la evaluación como los principales instrumentos rectores en la planeación de la política gubernamental, que le otorgan la mayor importancia en apego a los principios propios de la Nueva Gestión Pública.

El poder establecer mecanismos objetivos, simples y contundentes en la materia, constituye un reto técnico derivado de la complejidad de las dimensiones en la medición de los distintos indicadores que en diferentes rubros contempla un país tan diverso y sobre todo una entidad como el Estado de México. Además de las implicaciones técnicas que lo anterior implica, requiere de una especial voluntad política en la rendición de cuentas, en la estrecha comunicación institucional y, especialmente, en el papel social que significa la evaluación en sus diferentes enfoques y construcciones.

En la administración que encabeza el Doctor Eruviel Ávila Villegas, Gobernador del Estado de México, se han privilegiado estos temas a través de la tecnificación de procesos, de innovaciones metodológicas  que se han impulsado para la evaluación del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y sus programas, tres sectoriales y uno especial, además de los 16 Programas Regionales. Para tales fines, el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México en colaboración con otras instituciones, como el Sistema Estatal de Informática SEI y el Instituto de Información Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM), ha impulsado sistemas en línea que determinan los avances y logros de objetivos, estrategias y líneas de acción que se han comprometido.

Con el impulso de esquemas integrales de monitoreo, control y evaluación a partir de principios fundamentales como la honradez, ética y participación democrática, se ha implementado el Sistema Integral de Planeación y Evaluación del Gobierno del Estado de México (SIPEGEM), dónde el IGECEM administra y resguarda la información estadística contenida en su plataforma, coordina los procesos de captación e integración, verifica y valida su incorporación al sistema, calendariza fechas de captura y genera claves de acceso para cada uno de los sectores. Por su parte, el COPLADEM administra el sistema; además, genera reportes de acuerdo a la normatividad e interés de los demandantes de información estratégica para sustentar la toma de decisiones.

El SIPEGEM, se ha convertido en la base del documento denominado “Evaluación a Mitad del Camino”, trabajo inédito tanto por su metodología como por su aporte en materia de evaluación, al formar parte de los trabajos realizados  al cumplir los primeros tres años de la presente administración y que el artículo 65 del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios contempla,  enfatizando que el Plan será analizado en lo general, en términos de los avances en su ejecución, una vez al finalizar el primer trienio del gobierno y antes de que concluya el periodo constitucional.

El SIPEGEM, constituye una acción prioritaria que se concreta con la articulación oportuna de actividades y comunicación interinstitucional pero, sobre todo, con el compromiso de las Unidades de Información (UIPPES´s) de las dependencias de la administración pública estatal, con lo cual se garantiza el flujo de información que permita el funcionamiento de un proceso integrado de planeación, evaluación y seguimiento gubernamental eficaz y en tiempo real como el que se propone.

Cabe señalar que en paralelo se han seleccionado indicadores estratégicos en cada una de las dependencias, sumando un total de 132, mismos que han quedado plasmados en un documento denominado “Visión 2017” y en su reciente actualización “Visión 2017 a mitad del camino”. Su contenido y alcances responden a los tres pilares del PDEM 2011-2017: Gobierno Solidario, Estado Progresista y Sociedad Protegida; asimismo, a los ejes transversales que sustentan una gestión gubernamental distintiva: Gobierno Municipalista, Financiamiento para el Desarrollo y Gobierno de Resultados.

De las actividades que hoy se realizan, se espera que dichos instrumentos sean colocados en el escenario gubernamental como una alternativa viable de control y seguimiento de información y con un alto valor de desagregación.  Se trabaja para que, con un manejo adecuado, voluntad política y capacidad técnica, se constituya en un elemento esencial de la planeación estratégica, que se habrá de traducir en más y mejores resultados en beneficio de la sociedad mexiquense.

Adicionalmente, se pretende que el SIPEGEM trascienda la administración actual, que crezca, se desarrolle y logre integrarse como eje de un modelo de evaluación de la gestión gubernamental intersexenal. Sus bondades son suficientes y convincentes para que se utilice en las siguientes administraciones locales y sirva como ejemplo de una buena práctica.

El Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México (COPLADEM), es un organismo público descentralizado, cuyo objeto es operar los mecanismos de concertación, participación y coordinación del Gobierno del Estado de México con los ciudadanos, grupos y organizaciones sociales y privados, así como con los gobiernos federal, de las entidades federativas y de los municipios, así mismo será coadyuvante en la integración, elaboración, evaluación y seguimiento de los planes y programas de desarrollo.


Hacia la Gobernanza Metropolitana – Héctor Luna de la Vega

La metropolización en los últimos 60 años ha sido un efecto de las migraciones poblacionales (rural a urbana), de la concentración administrativa de los gobiernos, del desarrollo industrial de las empresas, de las oportunidades educativas y del empleo, generándose las llamadas megametrópolis con más de 20 millones de habitantes.

A nivel mundial Tokio es la de mayor población, y el Valle de México se encuentra entre las primeras 5, comprendiendo a tres entidades federativas: D.F. con 16 delegaciones; Estado de México con 59 municipios; Hidalgo con un municipio.

El crecimiento urbano de las megametrópolis proviene de cuatro procesos de transición: geográfica, demográfica, geopolítica y ocupacional, con efectos exponenciales; 3 en 1950; 7 en 1985; 28 en 2014 y proyectarse 41 en 2030.

Por lo anterior, se requiere de una articulación legal y de legitimación para su conducción, ante la oportunidad de incrementar la calidad de vida de sus habitantes, evitar el riesgo de las  desigualdades y resolver la escases de bienes, viviendas y servicios básicos, los cuales provocan desorden en la movilidad urbana.

La solución es buscar la Gobernanza Metropolitana, entendida como el conjunto de estructuras, arreglos institucionales y sistemas de acción; contemplando medios e instrumentos de política pública, movilizados por los actores gubernamentales, privados y sociales involucrados en un espacio territorial.

El Valle de México, al igual que Monterrey y Guadalajara, requieren dirigir sus procesos de metropolización, como un acto de inclusión de la ciudadanía en las decisiones de Políticas Públicas, su evaluación, transparencia y rendición de cuentas, definida como una Gobernanza en la relación sociedad-gobierno, asociativamente con los mecanismos de financiamiento para el desarrollo.

La Gobernanza Metropolitana exige una toma de decisiones ágil, la coordinación de agendas públicas, la solución de problemas, necesidades y exigencias colectivas, así como la coordinación de las agendas de los tres órdenes de gobierno, con una visión integral del crecimiento económico y del desarrollo social como entes articuladores de la prosperidad.

El ejercicio de la planeación es indispensable en la observación  del cumplimento de metas programáticas y presupuestales, identificando los fines sociales de éstas y evaluando si son las requeridas socialmente y cumplen con los fines previstos.

La Gobernanza Metropolitana busca dar soluciones a macro fenómenos comunes, desde los generales como urbanismo, agua, contaminación, seguridad, empleo, etc., como aquellos de naturaleza endémica como los son la recolección de basura y los transportes, entre otros.

El reto del Valle de México se profundiza año con año, y las soluciones se vuelven más dinámicas, exigentes y complejas. Es necesario iniciar con voluntad política y programas de gobierno Federal, Estatal, Delegacional y Municipal, con fines comunes y recursos integrales.

El Dr. Héctor Luna de la Vega, Doctor en Ciencias Administrativas, actualmente es titular del Organo de Control de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y participa como vocal del Comité Consultivo “Etica y Transparencia”
Correo electrónico: hectorluna@cablevision.net.mx


La Perspectiva Inductiva en la Construcción de Políticas Públicas – Julio Juan Villalobos Colunga

Ciudadania

En el imaginario de una buena parte de los ciudadanos en México existe la idea de que la Política Pública en general o las políticas públicas en específico son derivadas de acuerdos entre organismos, tanto nacionales como internacionales y expertos en las áreas de incidencia de dichas políticas. Lo anterior, no es del todo correcto. Hay varias políticas públicas; en especial Políticas de Gobierno que pueden tener otro origen.

En este breve documento analizo la noción lingüística de ‘bottom-up’ en la construcción de política pública, así como su relación con una Perspectiva Inductiva en su puesta en marcha.
Harmer (2007) menciona que tradicionalmente se ha hecho una distinción entre un proceder ‘bottom-up’ y uno ‘top-down’. Metafóricamente, se puede entender al primero como ‘el mirar a un árbol dentro del bosque’ y al último como ‘el mirar al bosque completo’.

El imaginario del que se habló en el primer párrafo se asocia más con el proceder ‘top-down’. Aquel en el que pareciera que una política pública o gubernamental se pudiera echar a andar en cualquier lugar y con los mismos resultados sin considerar los aspectos históricos del lugar (tiempo, espacio, cultura, entre otros).

El proceder ‘bottom-up’, al ser antagónico del anterior, parte del conocimiento local para proponer o construir políticas. Es justo ese conocimiento de los aspectos históricos lo que hace que la propuesta sea construida a partir de un concreto-real y que las más de la veces sea exitosa. Las experiencias exitosas que se documentan en lugares específicos sobre diversos aspectos tales como educación, salud y servicios básicos parten de este principio.

Ahora bien, el proceder inductivo implica un conocimiento general disciplinario, pero estrechamente vinculado con el conocimiento local. Teniendo lo anterior como fundamento, se pueden poner en marcha experiencias exitosas en espacios geográficos diferentes a aquellos en los que fueron generadas. Parece que se echan a andar con un proceder ‘bottom-up’, pero con conocimiento de lo que implicaría un proceder ‘top-down’.

La aplicación o puesta en marcha de la experiencia idéntica es imposible. Sin embargo, esta combinación recién planteada, hace que la práctica exitosa traiga consigo un accionar especifico que puede concretarse en el espacio local en cuestión, a partir de la intencionalidad que los actores manifiesten al echarle a andar. Dicho nivel de participación y responsabilidad es conocido como ‘autonomía’ (Díaz y Hernández, 2004).

La autonomía de los actores al considerar una práctica exitosa para su espacio geográfico permite que ésta pueda tener éxito también como en el espacio original de creación. Esta adecuación o tropicalización de la experiencia dará como resultado eventual una nueva. La cual se podrá poner en marcha nuevamente a través de un proceso inductivo.

El origen de políticas gubernamentales significativas, de impacto y con responsabilidad compartida entre los actores, tiene fundamento en esta Perspectiva Inductiva, tal como aquí se ha planteado.

Referencias
Díaz-Barriga, F. Y G. Hernández (2004) Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. México: Mc Graw Hill.
Harmer, J. (2007).The Practice of English Language Teaching. Essex: Longman.

Julio Juan Villalobos Colunga es Doctor en Ciencias de la Educación por el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México (ISCEEM)y actualmente es coordinador académico de dicho instituto. Participa como vocal en el Comité Consultivo del IAPEM “Gobierno Solidario”.


Ciudades seguras, ciudades humanas – Arq. María Elena Martínez Carranza

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Hablar de inseguridad desde lo urbano, ante el intenso reclamo social por el impacto que ha tenido en la calidad de vida, la competitividad y bienestar en las ciudades, nos lleva a considerar un paradigma diferente que se enfoca no sólo a la reacción ante eventos consumados, sino a la prevención de las causas que inciden en las violencias y la delincuencia y partir de ahí, buscar las condiciones de seguridad ciudadana.

Una de las modalidades de la seguridad humana es la seguridad ciudadana, que tiene que ver con la protección a los derechos humanos, se manifiesta a nivel local y se refiere a las amenazas a la seguridad personal, a la protección universal contra las violencias y el delito; es el resguardo de ciertas opciones y oportunidades de todas las personas en su vida, su integridad y su patrimonio; focaliza su atención en el bienestar de las personas y reposiciona a la ciudadanía como el principal sujeto de la protección estatal.(Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD)

Fue en la segunda mitad del siglo XX que se desarrollan teorías encaminadas a demostrar el vínculo que existe entre el urbanismo, la arquitectura y la criminología al tener una fuerte relación en el contexto urbano y el comportamiento de las personas, así como en el diseño de los espacios urbanos y la percepción de seguridad y tranquilidad de los ciudadanos.

Ray Jeffery,(1977) [1] planteó la importancia que tiene el medio ambiente urbano al influir en el comportamiento criminal, y desarrolla la teoría situacional de prevención del crimen considerando que es posible disminuir la inseguridad al alterarlo, ya que ocurren delitos en determinados espacios públicos debido a las oportunidades de localización que ofrece el entorno físico, como es el deterioro urbano, falta de iluminación, ausencia de vigilantes naturales y formales y la escasa incorporación visual de lo construido con el espacio público, entre otros.

El Programa de Naciones Unidas para los Asentamiento Humanos destaca que el Derecho a la Ciudad implica el derecho a la seguridad urbana como una demanda ciudadana para promover el desarrollo integral de sus habitantes y la generación de espacios públicos seguros, de encuentro, de socialización, espacios de diversidad y tolerancia en la convivencia en el medio urbano.

En el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, uno de los cinco objetivos específicos es el que se refiere a “Generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana”  y estrategias que responden al urbanismo social que busca atender en forma simultanea condiciones socioeconómicas y la transformación física del territorio con la participación comunitaria.

Al referirse la prevención situacional a intervenciones que aluden a la modificación del entorno para propiciar la convivencia y la cohesión social, así como disminuir los factores de riesgo que facilitan fenómenos de violencia y de incidencia delictiva en el espacio público y disminuir así la percepción de temor de la población; una respuesta y una apuesta es mediante intervenciones socio urbanas en polígonos, que son proyectos integrales producto de procesos participativos con los habitantes del lugar, desde el diagnóstico e identificación de problemas así como propuestas y diseño de estrategias y componentes urbanos, sociales y culturales para incidir en los factores de riesgo y fortalecer los de protección para lograr ciudades seguras con espacios incluyentes seguros y exitosos que logren permanecer activos para diversos grupos y en distintos horarios y con diversas actividades

Un caso de éxito del uso del espacio público es el que se refiere la participación de la sociedad civil en el Programa de Gestión, Recuperación y Apropiación de Espacios Públicos en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, mediante un modelo de intervención comunitaria que está instrumentado y coordinado la “Red de Cohesión y Participación Social 1, 2, 3 por Mí y Mi Comunidad” A.C., integrada por diversas organizaciones no gubernamentales que aportan su experiencia y capacidades para la prevención de las violencias y que ha sido reconocido dentro de las once buenas prácticas por USAID. Su trabajo se focaliza en polígonos con alto índice de violencia y delincuencia en la Ciudad. (youtu.be/A2S80R03Zv4)

[1] Jeffery, C.Ray Crime Prevention Through Environmental Design. Beverly Hills, CA. Sage Publications. 1977

La autora es Presidenta del Comité Consultivo de Desarrollo Urbano en el Instituto de Administración Pública del Estado de México. Arquitecta con experiencia en planeación y gestión urbana, seguridad y administración pública. Ha realizado estudios de maestría sobre Seguridad Nacional en el Colegio de Defensa Nacional en México (1999-2000) y se ha especializado en el tema de prevención del crimen a través del diseño ambiental.  Cuenta con la certificación CPTED-LAC I (2010). Estudió el diplomado  “Ciudad Segura, estrategias y acciones básicas” en el ITESM-Banco Mundial. (2010-2011), la “Especialidad en Seguridad Ciudadana” por la Universitat Oberta de Catalunya (2011-2012) y el curso “Streets as Places” con Proyect for Public Spaces, PPS en Nueva York (2013).


Consideraciones alternas sobre Políticas Públicas – José Capera Figueroa

Los estudios realizados en las últimas décadas sobre la administración pública, muestran un escenario marcado entre la tendencia instrumental y racionalista de las políticas públicas en el campo de las ciencias administrativas, generando una serie de diatribas en torno a cuestiones epistemológicas que se han orientado en dos perspectivas: una de orden mercantilista y la otra de carácter racionalista, dejando así un panorama en donde las políticas públicas son funcionales a las tendencias del mundo globalizado.

Es por ello que, en materia de las políticas públicas, no se han gestado avances teóricos, conceptuales y metodológicos que generen una amplia discusión sobre la disciplina, el método y la función social que traen consigo las dinámicas y debates contemporáneos sobre la crisis disciplinar en el mundo de las ciencias sociales.

La hegemonía de un lenguaje positivista y la formulación de modelos han sido la característica fundamental de las políticas públicas; lo mismo ha sido la tendencia técnica a considerar a éstas como un conjunto de herramientas que tiene como finalidad la intervención del Estado en los problemas sociales que presentan las comunidades. Esta visión se ha constituido como un juego de poderes, en donde los sectores gubernamentales son los principales ejecutores de los programas, proyectos y planes que se formulan como una política pública ya sea nacional, estatal o municipal.

De ese modo, la falta de construcción de un pensamiento sobre las políticas públicas desde el contexto latinoamericano es una de las grandes carencias epistemológicas que existen en las academias y centros de pensamiento administrativo, lo que se constata con el análisis de los modelos de aplicación de las políticas públicas que, en su mayoría, poseen una estructura anglosajona y americana contradictoria con los contextos latinoamericanos.

Lo anterior conlleva a la falta de construcción de un cuerpo cada vez mayor y sistematizado de conocimiento científico sobre el campo de las políticas públicas, a su vez se establece una serie de teorías, conceptos y categorías en relación con las políticas públicas, en donde se aprecia un conocimiento de carácter técnico, instrumental y positivista carente de pensamiento crítico sobre las construcciones teóricas de las políticas públicas; ofreciendo avances teóricos casi nulos, dejando así un panorama carente de teorías, métodos y metodologías que enriquezcan el pensamiento administrativo y pongan en cuestión la tradición epistémica de las políticas públicas. (White, 2014).

De este modo, uno de los mayores campos de aplicación de la administración pública resulta ser el de las políticas públicas; ya que se sitúan como instrumentos de acción estatal o como se le ha conocido históricamente “gobierno en acción” mostrando la parte técnica frente al  diseño, la construcción y la aplicación al  interior de las instituciones; igualmente se evidencia cómo dicha forma de abordaje de las políticas públicas configura todo un esquema basado en modelos eurocéntricos y americanos que tiene amplia aceptación por parte de las instituciones públicas para la intervención de los problemas sociales.

En definitiva, la apuesta de reconsiderar alternamente las políticas públicas como objeto, enfoque y producto de la administración pública conlleva la construcción de un ejercicio crítico y reflexivo, que intente re-pensar los paradigmas desde nuestras propias regiones a partir de una perspectiva decolonial que contribuya a generar alternativas frente a la crisis civilizatoria que afrontan las sociedades en estas épocas y que, en especial, tenga sentido de identidad sobre los contextos, lenguajes y prácticas de los territorios latinoamericanos que conviven entre la opresión y la violencia gestada por las dinámicas de un sistema-mundo capitalista. Con ello, será posible deponer la tradición instrumentalista, mecanicista y gubernamentalista que actualmente caracteriza a las políticas públicas.

José Javier Capera Figueroa, politólogo de la Universidad del Tolima, Colombia. Actualmente se encuentra en México realizando una pasantía académica internacional, adscrito a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la  Universidad Autónoma del Estado de México. Integra el grupo de Estudio “Diatribas Contemporáneas” de la Universidad de Tolima. Correo electrónico: caperafigueroa@gmail.com


Enfoques alternativos de Políticas Públicas frente a la racionalidad instrumental – Mtra. Laura Mota Díaz

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Los vacíos teóricos y epistemológicos que caracterizan a las políticas públicas actuales, sumados a las perspectivas gubernamentales que las reducen a normas, decretos y programas, han comenzado a preocupar a algunos sectores académicos latinoamericanos, especialmente por las crecientes muestras de descontento social que ocurren en distintos territorios de la región y que en parte se originan como respuesta a la poca efectividad del sector gubernamental en la atención de problemáticas sociales que demandan soluciones urgentes.

Y es que, es evidente que en la perspectiva burocrático-normativa predomina un modo de hacer basado en decisiones “racionales”, cuyo fundamento tiene su base en un conocimiento igualmente considerado “racional y experto”, pero además donde el proceso se concibe de forma lineal, en etapas que van desde la detección del problema sobre el que se va a intervenir, pasando por la valoración de las alternativas posibles para su solución, la selección de las alternativas, la implementación, hasta concluir con la evaluación. Ese modo de hacer, en el que las decisiones se imponen “desde arriba” y “hacia abajo”, se encapsula en un discurso político-tecnocrático que se escinde de lo social, a lo que considera sólo objeto de intervención.

Frente a esa visión realista-objetivista-instrumental que ha predominado por décadas, comienzan de modo reciente a desarrollarse algunas tendencias críticas, que podríamos identificar en dos vertientes: 1) La antropología de las políticas públicas y 2) la perspectiva decolonial de las políticas públicas, con lo cual el ámbito del estudio delas políticas pasa a formar parte de los intereses de otras disciplinas, más cercanas a lo social y que otorgan mayor importancia a las metodologías cualitativas e interpretativas de investigación.

La perspectiva antropológica (y etnográfica) de las políticas tiene su fundamento en el giro interpretativo, ocurrido entre los años de 1960 y 1970, así como en el giro lingüístico de los años de 1980, ocurridos tanto en Europa como en Estados Unidos, cuya trascendencia fue importante para la consolidación de las metodologías interpretativas. No obstante, el estudio de las políticas públicas como campo de interés e investigación antropológica es reciente, data apenas de la primera década del siglo XXI.

Para la antropología el análisis de las políticas comienza con la premisa de que su formulación debe ser vista como una particular forma de acción social y simbólica, lo que de entrada da a entender que ninguna política puede ser uniforme y que es necesario un trabajo previo de investigación e interpretación de la realidad sobre la cual se pretende intervenir; en ese sentido, se sostiene que “la formulación de políticas es una actividad sociocultural (regida por leyes) profundamente inmersa en los procesos sociales cotidianos, en los “mundos de sentido” humanistas, en los protocolos lingüísticos y en las prácticas culturales que crean y sostienen esos mundos”(Shore, 2010:4); por ende no pueden restringirse a un asunto técnico e instrumental.

Por otra parte, desde la perspectiva decolonial se reflexiona sobre los referentes teóricos desde los que han sido pensadas y elaboradas las políticas públicas en los distintos países de la región latinoamericana, donde predominan visiones eurocéntricas que evidencian la escasa contribución latinoamericana al desarrollo de marcos y teorías que nos permitan emprender acciones públicas acordes con las necesidades y realidades propias.

En ese sentido, se alude a la existencia de “políticas públicas colonizadoras” (Gómez, 2014) que tienen su sustento en la idea, también colonizadora, del desarrollo, que a su vez representa un particular tipo de racionalidad (la racionalidad técnico-científica) en el que se sostienen mayoritariamente las acciones públicas, con visiones uniformes que se aplican como “recetas” en diferentes contextos sociales, políticos, económicos y culturales y que en lo general invisibilizan otros saberes.

De ese modo se plantea que pensar y hacer la política pública desde una perspectiva decolonial implica el reconocimiento de la complejidad del mundo, así como de su diversidad, que incluye distintos modos de ser, pensar y sentir (Santos, 2009), lo que en términos epistemológicos conduce a modos de hacer horizontales, es decir “de lado a lado” y no “de arriba hacia abajo” como tradicionalmente se hace. De esa forma, el saber científico no es preponderante, pues lo que se procura es precisamente la valoración de otros saberes que han sido marginados y silenciados, de forma tal que se produzcan procesos de decisión participativos acordes con las necesidades, características y potencialidades de cada territorio.

Sin duda, estas dos tendencias que están emergiendo van a contribuir de manera importante a llenar ese vacío teórico y epistemológico de las políticas públicas. Por un lado, la antropología proveerá de herramientas teóricas y metodológicas, cualitativas al estudio de las políticas públicas, con un matiz social; mientras que la perspectiva decolonial permitirá, en la praxis, llevar adelante procesos participativos en la construcción de políticas públicas, mediante diálogos de saberes, que contribuyan a la transformación de nuestras realidades, hasta ahora caóticas.

Referencias:

Gómez Lechaptois, F. (2014) “Trabajo social, descolonización de las políticas públicas y saberes no hegemónicos” R. Katálysis, v. 17, n.1:87-94, Florianópolis, Brasil.
Shore, C. (2010) “La antropología y el estudio de la política pública: reflexiones sobre la “formulación” de las políticas” en Antípoda, No. 10 enero-Junio, Bogotá, Colombia.
Souza, Santos, B. (2009) Una Epistemología del Sur, Clacso/Siglo XXI, México.


Notas para una reflexión sobre el carácter técnico-instrumental de las Políticas Públicas – Mtra. Laura Mota Díaz

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La llamada Ciencia de Políticas, nacida en el año 1951 en Estados Unidos bajo el impulso pionero de Harold Lasswell, se constituyó en una sub-disciplina de la Ciencia Política, orientada a la mejora del desempeño administrativo y la acción gubernamental del Estado; por esa razón se instaló en la praxis de la administración pública como elemento fundamental, consolidándose más tarde con el nombre de política pública, tal como hoy se le conoce.

La confluencia de varias situaciones —ocurridas en esa nación en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial— explica las razones que dieron origen a esta subdisciplina. Una de ellas tiene que ver con la presencia de un sistema de gobierno democrático, apoyado en la creación de agencias de investigación y asesoramiento independiente que posibilitó la implementación de diversos programas sociales. Otra razón se atribuye al hecho de que, en aquel tiempo, el conocimiento científico se vio favorecido por los desarrollos teóricos y metodológicos alcanzados, por lo cual se privilegió la razón técnico-científica en la atención de problemas de orden administrativo y de gobierno; frente a eso, el saber experto se tornó clave al interior de la administración del Estado. (Nelson, 2001, Citada en Valencia y Álvarez, 2008).

Fue en ese contexto que surgió la propuesta de Harold Lasswell, cuyo eje central giraba en torno a la idea de un trabajo interdisciplinario que diera cuenta de la hechura y el proceso de las políticas dirigidas a atender problemas de carácter público. Se esperaba así que tanto la ciencia política, como en general las demás ciencias sociales, brindaran elementos metodológicos y conceptuales al estudio del Estado y la política (Valencia y Álvarez, 2008).

Tal propuesta dio lugar al surgimiento de otras posturas, que en un principio se oponían a los planteamientos de Lasswell, pero que al mismo tiempo permitieron el desarrollo de la ciencia de políticas a partir de modelos aplicados al análisis de éstas. Una de las posturas que tuvo gran influencia fue precisamente la que provenía de enfoques cuantitativos, especialmente de la economía, la investigación de operaciones y el análisis de sistemas, sustentada en un modelo de racionalidad absoluta. De otro lado se fue desarrollando un enfoque denominado pluralista, del cual surgieron los modelos de racionalidad limitada, incrementalista y de elección pública.

Este breve recuento nos permite entender el carácter que se le otorgó a las políticas públicas y que se resume en la primacía de una racionalidad técnico científica sobre el proceso de la toma de decisiones, donde adquirieron relevancia las metodologías positivistas.

Con esta orientación, las políticas públicas llegaron a América Latina 30 años después, es decir, durante la década de 1980, periodo en el que además se instauraba el sistema neoliberal.

Lo cuestionable es que ese enfoque de política pública llegó a nuestra región como algo novedoso, a tal grado que las universidades comenzaron a incorporar esa materia en el currículo de sus programas académicos, empleando los mismos enfoques teóricos y metodológicos desarrollados en Estado Unidos y Europa durante las décadas de 1960 y 1970. Esto significa, que la racionalidad instrumental (junto con sus modelos de análisis) se trasladó tal cual sin tener en cuenta diferencias de origen, de tiempo y de contexto (político, económico y social).

De ese modo, la “producción teórica” se concretó a la traducción e interpretación de los textos originalmente escritos por autores norteamericanos y europeos, dando lugar a las antologías que constituyen hasta nuestros días la principal base para el estudio de las políticas públicas. Algunos otros autores se han enfocado en reproducir ese mismo discurso, o bien se han ido por la vía de plantear la política pública dentro de los esquemas del marketing político.

Por su parte, los gobiernos incorporaron en su lenguaje el término política pública sin comprender en realidad su esencia, por lo que lo redujeron a la existencia de programas orientados a atender problemas de carácter público y cuya determinación dejaron a los “expertos”, principalmente economistas, dando por sentado que el proceso es en efecto un asunto meramente técnico. Incluso, hoy es posible todavía encontrar funcionarios que no distinguen la política gubernamental de la política pública, o bien algunos que ni siquiera aceptan su existencia.

Los diferentes contextos territoriales, sociales y temporales por los cuales transcurrió la evolución de las políticas públicas permiten comprender las falencias que las caracterizan hoy día, y que impiden su efectividad en la solución de problemas públicos cada vez más complejos. De la misma forma, las concepciones dominantes con las que trascendieron tanto en el espacio gubernamental como en el académico permiten identificar vacíos de orden epistemológico que impiden comprender esta sub-disciplina como un proceso de construcción y transformación social, reduciéndola a un enfoque meramente técnico e instrumental.

Por fortuna, en la actualidad estamos asistiendo a la configuración de enfoques alternativos de políticas públicas, que vislumbran un futuro prometedor a esta disciplina como campo de conocimiento y de intervención social.

Referencias

Nelson, Bárbara (2001) “Políticas Públicas y Administración: Una visión General”, en Robert Goodin y Hans Dieter K. Nuevo Manual de Ciencia Política, Madrid Itsmo.
Valencia A. German y Álvarez Johan Alexis (2008) “La ciencia política y las políticas públicas. Notas para una reconstrucción histórica de su relación” en Estudios Político

La autora es Maestra en Ciencias Sociales por el Colegio Mexiquense y tiene estudios de Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora-Investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Correo de la autora: motadiazlaura@gmail.com


Importancia del enfoque de Políticas Públicas para un Desarrollo Regional Sustentable – Mtro. Martín Rodríguez Peñaloza

Green world concept

La imposición del modelo económico capitalista, ha rebasado la capacidad de renovación de los recursos naturales, la sobreexplotación del “capital natural” ha destruido las propias fuentes de materias primas que dan sustento al sistema.

Los fracasos en la administración del medio ambiente y la continuidad del desarrollo amenazan a los países del mundo, principalmente a los subdesarrollados; sin embargo, el medio ecológico-ambiental y el desarrollo no están contrapuestos, son una unidad indisoluble en la medida en que el desarrollo económico y social puede asegurar la protección del medio ecológico-ambiental. El problema no puede tratarse a partir de instituciones y políticas fragmentadas, requiere de una política pública regional, una propuesta capaz de enfrentar dicha problemática.

Desde las raíces de la tierra y las bases de la sociedad, surge la demanda popular por participar en la toma de decisiones y en la gestión directa de sus condiciones de existencia (Leff, 2007), lo que se traduce en la necesidad de desarrollar Estados que funcionen a través de mecanismos capaces de lograr dicha participación.

Por otra parte, la concepción de desarrollo sustentable tiene como sustento la visión integral de tres ámbitos de estudio correlacionados, el económico, el social y el ecológico ambiental que fortalezcan las alternativas para cubrir las necesidades básicas del presente, garantizando la permanencia y mejoramiento de condiciones socioeconómicas y ecológicas que satisfagan y provean a las generaciones de una mejor calidad de vida (Quesada, 1992).

Tal concepción se ha vuelto más interdisciplinaria, no solamente es crecimiento económico, sino cambios estructurales, económicos, tecnológicos, políticos y ecológicos, que deben ubicar en su esencia al hombre como sujeto y objeto histórico de transformación de su entorno.

El estilo de gestión diferenciado, idiosincrático, se basa en el estilo público de decisión y se complementa con él… [El enfoque de políticas públicas] significa incorporar la opinión, de participación, la corresponsabilidad, el dinero de los ciudadanos, es decir, de contribuyentes fiscales y actores políticos autónomos y, a causa de ello, ni pasivos ni unánimes” (Aguilar, 2003).

El desarrollo regional sustentable pone el énfasis en la participación democrática comunitaria, que permite la adecuación de acciones de desarrollo a los entornos económico, social y ecológico-ambiental, específicos de cada región.

Dentro de los múltiples componentes o aspectos que deben ser considerados para el desarrollo regional sustentable se encuentran la existencia de un sistema político democrático que garantice a sus ciudadanos una participación en la toma de decisiones; un sistema social que evite las presiones provocadas por un desarrollo desequilibrado; un sistema de producción que cumpla con el imperativo de preservar el medio ecológico-ambiental; un sistema económico con capacidades para producir excedentes y conocimientos científicos y tecnológicos para la creación de nuevas soluciones; todos ellos sumamente estrictos, por lo que confiar en que todos puedan obtenerse plenamente sería poco realista. La supervivencia y el desarrollo de las sociedades humanas, bajo el esquema del desarrollo sustentable tampoco exige tal grado de perfección, por lo que éstas pueden considerarse más como metas.

Finalmente, considero la figura de Eduardo Vega como referente para considerar un modelo ideal caracterizado por un desarrollo alto y sustentable, con empleo creciente, inexistencia de pobreza y cero degradación ecológico-ambiental, así como el grado de cercanía que una región ha alcanzado con él.

Bibliografía

Aguilar Villanueva, Luis. (2003). El estudio de las políticas públicas, Edit. Miguel Ángel Porrúa, México.
Leff, Enrique. (2007). Ecología y capital: racionalidad ambiental, democracia participativa y desarrollo sustentable, Siglo XXI Editores, UNAM, México.
Vega, Eduardo. (2007). “La sustentabilidad en México: ¿estamos mal pero vamos bien?” Instituto Nacional de Ecología, pág. 11, en:http://www.ine.gob.mx/publicaciones/gacetas/342/su

El autor es Maestro en Administración y Políticas Públicas por la Universidad Autónoma del Estado de México y en Ciencias con Especialidad en Desarrollo Económico, por el Instituto Politécnico Nacional.


Desafíos y obstáculos de la innovación pública – Dr. Freddy Mariñez Navarro

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Hoy en muchos países, más en unos que otros, sus gobiernos y administraciones públicas comienzan a tomar forma de red de gobernanza colaborativa y de flexibilidad que abordan el desafío de construir y acreditar en los próximos años la capacidad de  innovación en su relación con los actores de la sociedad.

Ello a condición de su capacidad de sustentar con rigor analítico la formulación y decisión de las políticas públicas y proceder conforme a criterios rigurosos de eficiencia económica y de calidad en la provisión de los servicios públicos.

También vemos en muchas latitudes, gobiernos encaminados hacer de la acción gubernamental un ejercicio abierto en cuanto al acceso a la información y transparencia en co-producción con los ciudadanos. En esta dirección, la innovación pública podría abrirnos camino. La concebimos como los cambios que tienen como fin mejorar la eficiencia y la calidad de los procesos, la dinámica organizacional y los flujos de información en la comunicación en la administración pública, así como la producción y prestación de los servicios públicos con el objetivo de lograr valor público expresado en la satisfacción de los ciudadanos en el consumo de éstos.

Indudablemente estos cambios no serían  posibles sin una plataforma colaborativa digital basada en las comunidades Web 2.0 (redes sociales -facebook, MySpace-, webmail, wikis, weblogs, wikipedia, sitios web de alojamiento de videos), que permite a los ciudadanos organizarse en redes, compartir sus inquietudes, crear grupos de interés que tratan de influir en las decisiones públicas.

Goldsmith y Crawford (2014), afirman que el uso extensivo de los datos que los gobiernos y ciudadanos poseen va exponencialmente en aumento en los próximos años debido al avance de la digitalización de procesos y archivos, de la Internet de las cosas (Internet of Things: IoT) y de la conectividad. Viéndolo así, se supone que los servidores públicos deben tener una actitud más alerta y con capacidad predictiva para atender de mejor forma a los ciudadanos que sirven, y estos a su vez, un empoderamiento cívico para la co-creación y co-producción con el gobierno.

No obstante a esta tendencia, muchos desafíos observamos cuando revisamos experiencias en este sentido. Reff Pedersen (2013), por ejemplo, nos alerta argumentando que el éxito de la innovación está relacionado con el grado en la que toda la organización está dirigida a la innovación, y no una parte de ella. Esto lo lleva a plantearse las siguientes interrogantes: ¿qué tipo de organizaciones públicas  son innovadoras y quiénes son  los conductores de las innovaciones en las organizaciones públicas?, ¿cómo el sector público innova las organizaciones y cómo acceden y usan el nuevo conocimiento generado en la co-producción y co-creación?, ¿Qué funcionarios públicos requiere la administración pública para estructurar, organizar y promover la innovación pública? Son los grandes desafíos de esta tendencia innovadora, al menos en los países de América Latina donde las administraciones públicas y gobiernos portan aún rasgos de patrimonialismo, falta de profesionalización y opacidad.

Bibliografía

Goldsmith, Stephen and Susan Crawford (2014) The responsive City Engaging Communities Through Data Smart Governance. Jossey-Bass Publishers.
Reff Pedersen (2013), “Collaborative Narrative Innovation. A Case of Public Innovation in Denmark” In A.P Müller; L,Becker (eds) Narrative and Innnovation. Management-Culture-Interpretation. DOI. Springer Fachmedien Wiesbaden.

El autor es Doctor en Sociología Política, miembro fundador del Claustro de la EGAP Gobierno y Política Pública del Tecnológico de Monterrey. Actualmente es Principal Consultant dePolicytics. Consulting & Research. Especialista en Política Pública, Gestión Pública y Gobernanza.


Preponderancia económica y financiera del Estado de México y sus municipios – Mtro. Héctor Espinosa Mendoza

PLANTA ENSAMBLADORA DE KRYSLER EN TOLUCAFOTO: ELADIO ORTIZ

El Estado de México es la entidad federativa más poblada del país, concentra 13.9% de la población total (16.6 millones habitantes), con una circunstancia muy especial: 37% de su población nació en otro estado o país, superando al promedio nacional de 18.4%; lo que determina en gran medida el destino del gasto público estatal y municipal, al atender demandas crecientes de una población inmigrante que se estableció en territorio estatal.

En materia económica, el Estado de México es la segunda entidad federativa más importante del país, concentrando 9.4% de la producción nacional, después del D.F. y en un periodo de 5 años (2008-2013) ha crecido a un ritmo más acelerado que la economía de México (2.3 vs 1.9% en términos reales). La fortaleza económica es la industria manufacturera que aglomera 23.8% del total de la producción estatal y aporta el 13.3% a la producción nacional; a su interior, la industria del papel y la alimentaria son las más importantes con una participación de 17.3 y 14.0% de la producción del país, respectivamente.

De igual manera, en el Estado de México se concentra el mercado de trabajo más grande (13.8% del total nacional) y es la tercer entidad más importante en captación Inversión Extranjera Directa, aglomerando el 5.2% del total nacional entre 2000  y 2013.  En materia financiera, el Gobierno del Estado de México es bien visto por evaluadoras de riesgo externas; por ejemplo, en 2014 la calificadora Standard & Poor’s elevó la calificación crediticia del Estado de México, pasando de ‘mxA’ a ‘mxA+’ con perspectiva estable; es decir, en la entidad se cumple cabalmente con los fundamentos financieros, haciendo uso racional y ordenado de los recursos públicos en materia de ingreso, gasto y deuda pública, lo que brinda mayor certeza a los inversionistas y genera mayor certidumbre fiscal.

Lo anterior fue determinante para que por segundo año consecutivo la entidad ocupara el cuarto lugar nacional en el “Índice de Desempeño Financiero de las Entidades Federativas (IDFEF) 2015”; medido por la Consultora especialista Aregional, sustentado el resultado en el incremento sostenido de la recaudación de ingresos propios, a una política de gasto austera y congruente con las necesidades de la población, con un crecimiento importante en la inversión pública; así como a un manejo responsable de la deuda pública.  Estos son solo algunos datos que confirman la preponderancia económica y financiera de la entidad que tiene el presupuesto más robusto del país, la que más recursos propios invierte en salud y educación y lógicamente cuenta con la matrícula y plantilla docente más alta a nivel nacional.

Por su parte, la dimensión de los municipios del Estado de México en términos financieros y económicos es equiparable a la de algunos estados de la República, inclusive a países de América Latina y el Caribe, por citar algunos ejemplos:

  • Ecatepec es el municipio más poblado con más de 1.7 millones de habitantes, siendo similar a la población del estado de Durango y supera la de dos estados en su conjunto (Baja California Sur y Colima) y a 17 países centroamericanos y del Caribe.
  • 5 municipios del Estado de México concentran más de una tercera parte de la población estatal y es similar a la suma de los habitantes de 5 estados de la República (Tlaxcala, Nayarit, Campeche, Baja California Sur y Colima).
  • Naucalpan es el municipio con mayor tamaño económico, aporta 18.5% a la producción estatal y en 2013 su PIB (17.7 mil mdd) fue similar al de Honduras y superó de forma individual la economía de países como: Jamaica, Nicaragua, Haití y Suriname.

Asimismo, la hacienda pública municipal comparte características muy similares a la de los municipios del resto del país teniendo como principal ingreso propio al impuesto predial, que de acuerdo con la OCDE la recaudación en México es de las más bajas: 0.3% del PIB (último lugar entre los países miembros) cuando el promedio es de 1.8%.  En 2013, la recaudación predial en el Estado de México fue equivalente a 0.33% del PIBE (ligeramente superior al promedio nacional), ocupando la quinta posición entre las 32 entidades federativas. En los municipios mexiquenses esta recaudación representó 10% de sus ingresos totales y 49.2% de sus ingresos propios y en un periodo de 5 años (2009-2013), ha crecido 47% en términos acumulados; es decir, es el gravamen más importante por su impacto recaudatorio en la hacienda municipal, de donde se desprenden muchas decisiones de carácter fiscal y de sustentabilidad de las finanzas públicas.

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PIB Municipal y países seleccionados, 2013. (Millones de dólares)

Héctor Espinosa

Fuente: Estimación propia con base en cifras de CEPAL.

Las opiniones contenidas en este documento son responsabilidad exclusiva del autor. Contacto: hector.espinosa@edomex.gob.mx

El autor es Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México. Cuenta con estudios de Maestría en Finanzas por la Universidad Anáhuac y un posgrado en The Washington Center for Internships and Academic Seminars en Washington, D.C. Es vocal del Comité Consultivo del IAPEM, Financiamiento para el Desarrollo.


Políticas, educación y Pobreza – Dra. Ada Rosales Morales

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Las políticas de gobierno son el sustento de la economía, la competencia y la inversión. Un desarrollo económico dinámico, depende de diversos factores, entre ellos, ahorro interno, desarrollo tecnológico y educación. El reto es el abatimiento de la pobreza, aunado al crecimiento económico, educación, empleos, bienestar y prosperidad familiar.

La educación es un factor de gran importancia estratégica, ya que una población más y mejor educada representa prosperidad y crecimiento. Las escuelas públicas y sus maestros constituyen una red amplia que penetra la geografía de la pobreza, por ello son también uno de los instrumentos institucionales disponibles para llegar a los más pobres y marginados.

Resulta evidente que una de las soluciones para abatir la pobreza e impulsar el progreso de la sociedad es la educación, por lo que es necesario que las políticas gubernamentales se inserten eficazmente en los procesos de construcción de un orden social más justo, ante condiciones lacerantes, esto es, crear condiciones educacionales pertinentes de capacitación e incorporación al proceso científico y tecnológico que hagan posible la transferencia de las estructuras productivas de la región en un marco de progresiva equidad social.

La clave para lograr lo anterior es iniciar por el reconocimiento de la eficiencia educativa como la capacidad para adecuar a los individuos en la adopción de habilidades y destrezas que correspondan a un proceso económico particular. Por tanto la eficiencia educativa debe incumbir a la eficiencia económica (educación- empleo- producción).

El buen ejercicio de las políticas gubernamentales, la planeación y administración del sistema escolar, la consolidación de las capacidades federales, estatales y municipales, serán determinantes para que se garantice la equidad y pertinencia de la educación, a ello contribuyen indicadores precisos y confiables que permitan poner en marcha acciones compensatorias que puedan operar en las regiones de mayor rezago educativo y económico.

La situación actual por un lado económica y por el otro educativa, demanda no sólo acciones decididas para enfrentar retos inmediatos, sino que exige una visión clara de nuestro presente y futuro, así como la acertada definición de políticas gubernamentales y acciones estratégicas cuya meta sea el equilibrio económico y social.

Es necesario contar con la formación de recursos humanos, que permitan, transitar a un esquema de sustentabilidad integral, en donde el elemento fundamental sea el conocimiento y la tecnología y en el que se fortalezca el vínculo entre la educación y el empleo.

Lo anterior sin duda, abatirá la pobreza económica y contribuirá a formar mejores seres humanos. Como consecuencia se abrirán mayores oportunidades de bienestar y progreso para todos. En este marco las políticas gubernamentales, deberán insistir que la educación que se ofrezca sólo tendrá sentido si es suficiente y de calidad, si contribuye al desarrollo integral del ser humano y en especial si apoya de manera decidida a corregir desigualdades sociales.

Referencias

Bauman Zygmundt (2002). En busca de la política. Fondo de Cultura Económica. Capitulo I.
Calva, J. L. Coordinador (2002). Política Económica para el Desarrollo sostenido con equidad. Tomos I y II. Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM. Edit. Casa Juan Pablos México.
Magallón Anaya Mario (1992). Educación y Desigualdad Social en México. Panoramas de nuestra América. Educación y Cultura en América Latina. Universidad Nacional Autónoma de México.
Reboul, Oliver. (1971) ¿Transformar la sociedad?, ¿Trasformar la Educación? Narcera. S.A. de Ediciones Madrid España.

La Dra. Ada Rosales Morales, Doctora en Ciencias de la Educación,  Directora General del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México y presidenta del Comité Consultivo del IAPEM “Gobierno Solidario”.

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